Ricardo Areiza y Gerardo Valencia - LA NACIÓN, Neiva – PitalitoJueves, 29 de noviembre de 2007.
Lo que para algunos no es más que una forma de estafa, para miles de laboyanos se ha convertido en la esperanza de lograr algunos ingresos extras este fin de año.
Lo que parece ser el negocio del año para miles de familias laboyanas llegó hace varias semanas a Pitalito. Casas comerciales con sugestivos nombres en idioma extranjero, y al parecer sin autorización legal para captar dineros del público, ofrecen el milagro que todos estaban esperando: la multiplicación de los pesos en 45 días.
No se trata de la multiplicación de los peces, como en el clásico pasaje bíblico, sino de un llamativo sistema en el que se deposita el dinero y en un corto plazo este se multiplica en más del 200% mensual. Y no sucede en la Galilea del Nuevo Testamento sino en Pitalito, como ocurre en Putumayo y en otras 20 ciudades del país. La polémica desatada en Putumayo con la presencia del Grupo DMG se extendió al sur del Huila. Esta organización, cuyas operaciones fueron suspendidas por la Superintendencia Financiera, también se sumó a la fiebre por estas transacciones sin autorización legal. Dicha compañía, según la Superintendencia Financiera, se encuentra realizando un ejercicio ilegal de la actividad financiera, manifestado en una captación masiva y habitual de dineros del público sin contar con la debida autorización. Las medidas cautelares impuestas no sirvieron de nada. No solo abrió nuevas oficinas en Pitalito y Timaná sino que se multiplicaron entidades similares que vienen captando millonarios recursos del público, atraído por los llamativos planes. Y pagando intereses por encima de los establecidos en el sistema financiero.
Los planes .De acuerdo con los ofrecimientos, en cualquiera de estos “bancos” un inversionista puede depositar $110.000 y en el término de 45 días recibirá $1.150.000. Los inversionistas que han acudido ante estas casas captadoras de dinero público, sin autorización legal, son de todas las condiciones sociales. Maestros, desempleados, trabajadores independientes, militares, comerciantes, jueces de la República, amas de casa, campesinos y hasta empleados bancarios, quienes desde muy temprano hacen enormes colas para depositar sus dineros. Los depósitos van desde el mínimo, que es $110.000, hasta $10 o más millones, según la capacidad económica o la ambición del inversionista. La mayoría de las personas que hicieron los aportes desde mediados del mes anterior y a comienzos de noviembre esperan como regalo del Niño Dios la quintuplicación de su dinero como por arte de magia. Nadie sabe la fórmula matemática ni cómo se logrará el milagro. Pero todos esperan que se cumpla el plazo para ir a recibir diez veces lo que depositaron. La demanda es tal que varias de las agencias han tenido que cerrar sus puertas advirtiendo a sus potenciales clientes que “no hay servicio por falta de formularios”.
Operaciones.
Los nombres de las agencias multiplicadoras de dinero son lo suficientemente llamativos como para no dejar duda de la seriedad del negocio y la rentabilidad de sus acciones. Y operan en céntricos lugares, a la luz del día, incluso teniendo como vecinos a reconocidos organismos de inteligencia estatal. Hasta el momento cuatro de estas nuevas agencias se han instalado en Pitalito encendiendo la fiebre por los atractivos intereses que sobrepasan los topes legales. Y aunque nadie ha obtenido información, se dice que son más de 20 mil personas las que han depositado su dinero atraídas por los grandes rendimientos económicos. Otras dos oficinas se abrieron con el mismo fin en Timaná sin ningún control de las autoridades.
En la última semana el controvertido Grupo DMG S.A., de propiedad de David Helmut Murcia Guzmán, también se incorporó al sistema pese a los cuestionamientos hechos por la Superintendencia Financiera que ordenó el desmonte de dichas operaciones por captación ilegal de fondos, bajo el apremio de multas sucesivas diarias.
No tienen permisos.
El secretario de Gobierno de Pitalito, José Joaquín Carvallo Vargas, dijo que estas empresas no tienen ningún tipo de permisos para uso del suelo ni han presentado documentación alguna que las acredite como captadoras de dinero, según las normas establecidas en Colombia. Sin embargo aclaró que por ser un acto voluntario de cada inversionista, las autoridades no pueden hacer nada para impedir que se sigan haciendo los depósitos, inclusive sin ningún tipo de garantías.“Cada inversionista hace su aporte a cuenta y riesgo personal, pues no reciben una garantía sobre sus depósitos ni nosotros como autoridad podemos hacer nada para evitar que lo hagan”, dijo el Secretario de Gobierno.Sin embargo aclaró que la situación ha sido puesta en conocimiento de la Superintendencia Financiera y la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales DIAN.
Las agencias.
“Net Work Futuro en Red”, agenciada por Lizandro Paul Gonaperic, se ubica en la calle 3 Nº 1-45 donde recibe diariamente la visita de cientos de inversionistas. Las otras agencias son New Working Ltda, ubicada en la calle 3 Nº 3- 05, atendida por Óscar Rodríguez; Internacional Mega Red, Ltda., otra en la calle 6 Nº 3-55 bajo la supervisión de María Esperanza Quitián y Gilberto Cardozo, y Commutivida Internacional, la cual está a cargo de Eddy Muñoz Gómez y se ubica en la Cra. 3 Nº 6- 71.
Antecedentes.
La Superintendencia Financiera estableció que las operaciones que realiza el llamado grupo DMG, especialmente en Putumayo, es una captación masiva ilegal de fondos, para lo que no está autorizada -, y más aún cuando la compañía ofrecía pagar intereses por encima de los establecidos en el sistema financiero.La sociedad Grupo DMG S.A. no es una sociedad vigilada por la SFC, y no está autorizada para captar recursos del público en forma masiva y habitual. El organismo de vigilancia suspendió la captación de dineros, decisión que fue apelada por DMG.La medida está contemplada en la Resolución 1634 de septiembre de 2007, confirmada por Resolución 1806 expedida en octubre pasado.Las autoridades también investigan el origen de los recursos de DMG, pues creen que, por los altos intereses que paga, se podría estar configurando una operación de lavado de activos.
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