Crónica de una estafa anunciada (Pitalito Huila)

Por Nicolás Polanía Tello

http://radiosur.net/ revela que ya desapareció, tal como llegó, una de las agencias captadoras de dinero que prometían intereses estrambóticos por pequeñas inversiones. Es muy probable que las otras también recojan prontamente sus circos en los que, por arte de birlibirloque convertían, cual alquimistas macondianos, trescientos mil pesos en tres millones, forzando el aplauso fervoroso de la galería, esperanzada en salir de pobre gracias a los eficientes oficios de esos magos de las finanzas, dueños de la piedra filosofal que muta escuálidos ahorros en fabulosa mesada navideña. Todo esto ante la mirada atónita de las prominentes nulidades encargadas de lo interno en el municipio, léase Secretaría de Gobierno. Mucho quisiéramos que fuera una inocentada de 28 de diciembre, nada raro en nuestro ascendiente mamagallista y que, pasadas la temporada y la risa, restituyeran a los inocentes sus platas más el interés, aunque sea el legal. Pero no, seguramente se reirán no con los incautos sino de ellos y de las autoridades permisivas. No había una sola persona que no supiera que se trataba de una estafa; muchos de quienes depositaron dinero, sabían del riesgo y lo asumían, es cierto. Pero la gran mayoría de las esquilmadas y perplejas víctimas fueron llevadas por la corriente del correo de las brujas; les creyeron a los primeros que cobraron pingües réditos y como vieron que la Administración autorizaba tácitamente el negocio del año –porque, pensaban, de ser ilegal, irregular o tramposo, la Secretaría de Gobierno nunca hubiera permitido que pelechara la estafa, cómo va a ser eso!!!-.

El punto es ese; hay un concepto jurídico, que desconoce el o la secretaría de gobierno, que se llama “Policía Administrativa”, que implica que la Administración, por medio del órgano o dependencia competente, debe acometer actuaciones para conservar el orden y la legalidad en su jurisdicción buscando, como lo advierte la jurisprudencia constitucional, la realización efectiva de derechos y libertades individuales, y también la limitación de libertades si con su ejercicio se lesiona gravemente al cuerpo social. Es decir, la Administración debió velar porque, en ejercicio de la libertad de empresa y de actividad económica, no se estafara a los ciudadanos a través de farsas publicitarias. Esto se traduce en que la Administración incurrió en una gravísima omisión al no ordenar el cierre de esos pozos de los deseos, no arbitrariamente –porque estamos en un Estado de Derecho- sino previo el agotamiento de un procedimiento de verificación de legalidad de los documentos que los autorizaban para captar dinero del público. Esa autorización la da solamente la Superintendencia Financiera, y no valen expresiones como “es que el premiso está en trámite” o “deme un par de días y le muestro los papeles en regla”, con las cuales, al parecer, despacharon los requerimientos.

Qué pesar. La inutilidad y la pasividad insultante de los “dotores” de Gobierno fueron los mejores y más eficientes cómplices de la estafa; no es exageración, la mejor coartada que tuvieron los ladrones fue la aquiescencia tácita y cansada de la Administración. Y esto es serio, porque podría traducirse en acciones indemnizatorias contra el Municipio por la inexcusable omisión –y ojalá se repita contra el funcionario negligente que cohonestó el latrocinio-, y terminaríamos, como siempre, pagando todos por la imbecilidad de unos y la ladronería de otros pocos. No va a ser feliz año para los estafados. Ya no podremos los laboyanos sonreír socarronamente con el cuento del embajador de la India que les vio la cara a los neivanos; porque por aquí pasó todo un cuerpo diplomático chimbo y se burló y nos robó.

Fuente: http://www.radiosur.net/plapalabra1.htm